(Publicada en Expansión 23/02/17)
Cuando Íñigo de la Serna fue nombrado ministro de Fomento comenté en esta tribuna que, dada su trayectoria en Santander, no podía haber un interlocutor mejor para sacar adelante una actuación como la Operación Chamartín, la gran oportunidad del Madrid del siglo XXI. El reportaje que le ha dedicado Informe Semanal hace unos días corrobora esta impresión.
El ministro de la Serna ha tomado la iniciativa para retomar las negociaciones entre el Ayuntamiento de Madrid y Fomento. Como él mismo señala en el reportaje, el mero paso del tiempo no arregla nada. Los problemas se pudren y nadie sale beneficiado. La postura de la Comunidad de Madrid, expresada por Cristina Cifuentes en el mismo programa, no puede ser más constructiva:
Se compromete a apoyar incondicionalmente el acuerdo al que lleguen las otras dos administraciones.
Incluso Distrito Castellana Norte, empresa promotora del proyecto –en virtud de un costoso acuerdo que ha renovado recientemente con Adif, titular de los terrenos– ha dado un paso adelante desistiendo, sin tener obligación de ello, de una buena parte de las viviendas que legalmente se pueden programar en este ámbito. Así, pasa de 17.000 a 13.600, lo que supone una perdida del 20%. Si bien contempla trasladar parte de la edificabilidad a usos terciarios. Esta renuncia va directamente contra la cuenta de resultados de su plan de negocio. La inversión a desarrollar en el sector y el compromiso de pago a Adif no varía un ápice.
Esta buena voluntad de las partes en juego no es, sin embargo, universal. Las palabras sin filtro de Manuela Carmena y del concejal José Manuel Calvo no son muy esperanzadoras. Creo que están equivocadas y llenas de prejuicios. La alcaldesa realiza dos afirmaciones polémicas. En primer lugar que la última palabra la tiene el Ayuntamiento. En segundo, obvia el trabajadísimo Plan Parcial de DCN. Se remite al documento –Puerta Norte– que propuso su concejal el año pasado sobre el que negociar. Calvo va aún más lejos, al declarar sin sonrojo que no se pueden dejar en manos de un banco (¿?) tres millones de metros cuadrados sin control público.
Además, se muestra muy escéptico sobre la negociación que hay en marcha. Le parece que los seis meses que se han dado de plazo son muy escasos. Negociación que, tal como él la ve, sólo servirá para alcanzar “un pacto sobre cómo tiene que ser el nuevo plan”. “Y si todo va bien, se iniciará la tramitación ordinaria”. Para los profanos en la materia, advertir que esta tramitación puede durar años y estar llena de tantos obstáculos como el propio Ayuntamiento desee.
En primer lugar. Tal como señala el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, la operación Chamartín es de iniciativa privada. Esto quiere decir que, a partir del propio mandato de la Administración –expresado en la ficha de condiciones urbanísticas–, son los propietarios del ámbito los que tienen la facultad y el derecho de desarrollar el área haciendo uso de los instrumentos de gestión previstos.
Por tanto, el Ayuntamiento se extralimita en sus funciones cuando propone el documento Puerta Norte como punto de partida. Aún más cuando trata de descalificar como promotor del proyecto a la empresa que participa mayoritariamente de DCN. El banco BBVA. Más allá de la libertad de Adif y Fomento para acordar con la empresa que mejor defienda sus intereses, la presencia de una entidad de la solvencia del segundo banco español es la mejor garantía de la capacidad de alcanzar el buen fin de la operación Chamartín, habida cuenta de las tremendas inversiones que requiere esta operación.
En segundo lugar, la tutela pública o de la administración siempre ha estado presente. El Plan Parcial que ha tramitado DCN durante los últimos años ha cumplido escrupulosamente con los requerimientos de todas las administraciones incumbentes. Prueba de ello es que superó con éxito todos los informes sectoriales. Sólo ha estado a una firma de la aprobación final.
En tercer lugar, el Ayuntamiento no puede afirmar sin matices que tiene la última palabra. Sobretodo cuando se trata de un proyecto de impacto supramunicipal. Es una actuación clave en la vertebración de las comunicaciones por ferrocarril de todo el norte de España. También con la resolución de los nudos de conexión de la M-30 y la M-40, con implicación para toda la Comunidad de Madrid.
Mientras tanto, los vecinos de los barrios afectados, que sufren día a día los problemas de desconexión, aislamiento, inseguridad y continuos atascos, son los grandes olvidados por el Ayuntamiento.
Al tiempo que se erigen en defensores de lo público, desoyen al pueblo. Éste se expresa a través de las asociaciones vecinales que apuestan por el proyecto de DCN. Esto lo demuestra el hecho de que presionaran a esta empresa para prorrogar su acuerdo con el administrador ferroviario.
